La utilización de Entidades Privadas Certificadoras Urbanísiticas permite reducir considerablemente los tiempos de tramitación, así como optimizar los recursos técnicos municipales.
El Ajuntament de Santa Eulària des Riu ha aprobado los dos primeros expedientes urbanísticos tramitados mediante un Certificado de Conformidad Urbanística emitido por una Entidad Privada de Certificación Urbanística (EPCU). Se trata de una herramienta contemplada en la normativa autonómica que permite agilizar la tramitación administrativa de determinados procedimientos urbanísticos.
Los dos expedientes fueron aprobados en la última sesión de la Junta de Gobierno Local y corresponden a procedimientos de legalización extraordinaria de edificaciones dentro del municipio. En ambos casos, los expedientes incorporaban un Certificado de Conformidad Urbanística emitido por una entidad certificadora autorizada por el Consell Insular d'Eivissa e inscrita en el registro insular habilitado para este fin. Estos certificados sustituyen los informes técnicos y jurídicos municipales, permitiendo reducir los tiempos de tramitación sin menoscabar las garantías jurídicas del procedimiento, ya que las entidades certificadoras actúan bajo un régimen de autorización, control y responsabilidad establecido por la normativa autonómica.
La concejala de Urbanismo, Cristina Tur, ha destacado que "la incorporación de las Entidades Privadas de Certificación Urbanística supone una herramienta muy útil para agilizar la tramitación de determinados expedientes y ofrecer una respuesta más rápida a la ciudadanía, manteniendo en todo momento las garantías que exige la normativa urbanística". Tur ha añadido que "este sistema también nos permite optimizar los recursos municipales, mejorando la eficiencia de la gestión urbanística del Ayuntamiento".
La utilización de las EPCU forma parte de las medidas impulsadas por el Govern de les Illes Balears para simplificar los procedimientos administrativos y reducir los tiempos de resolución en materia urbanística, permitiendo que los ayuntamientos puedan apoyarse en entidades certificadoras acreditadas para determinadas actuaciones previstas por la legislación vigente.
