El Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu, en aplicación de su Ordenanza Reguladora de la Ocupación y Estética de la Vía Pública, ha iniciado estos días una campaña de señalización y delimitación de les terrazas y aparadores de los establecimientos comerciales y de restauración con tal de garantizar la seguridad y comodidad del paso de peatones, especialmente de aquesllas personas con movilidad reducida o problemas de visión. Se quieren evitar así situaciones de riesgo para estas personas, pero también tener herramientas para evitar posibles abusos que van en contra de la buena convivencia en nuestras comunidades.
Esta campaña consiste en determinar e identificar las zonas donde los negocios -sólo los que así lo soliciten y que tengan derecho a hacerlo según la ordenanza- podrán instalar sus mesas, sillas, toldos, escaparates y otros elementos autorizados de manera que se garantice un paso mínimo suficiente para que cualquier tipo de peatón, pero especialmente aquellos que tienen algún tipo de discapacidad como las personas con sillas de ruedas o los invidentes, los cuales necesitan itinerarios seguros libres de obstáculos.
Al tiempo que se garantiza el paso de peatones, esta regulación permite evitar situaciones de abuso, molestias innecesarias a los vecinos y una armonización estética para hacer más amable visualmente nuestros entornos urbanos. De hecho, al tiempo que se ejecutan estos autos, también se está recordando a los negocios la necesidad de adaptarse a la normativa municipal en cuanto al uso de determinados elementos, tales como sombrillas, mesas o sillas con logotipos publicitarios de terceros; o incluso la instalación de carteles publicitarios propios sin que invadan el espacio público sin permiso.
El uso privativo de la vía pública sólo se puede realizar con autorización del Consistorio. Para obtenerlo, se debe realizar una petición expresa al Ayuntamiento que tiene una vigencia de 12 meses, por lo que se renovará anualmente. La concesión un año de la misma no implica automáticamente su renovación ni es un derecho adquirido por ningún particular o sociedad. El Ayuntamiento se reserva el derecho de revocar esta autorización en caso de un mal uso del titular o por cambios en la naturaleza de la vía que cambien las condiciones de su uso. En cuanto al régimen sancionador, las multas que prevé la normativa van entre los 120 y los 30.000 euros.
