La actuación conjunta de la Policía Local y el Consell Insular d’Eivissa se produce en el marco de un procedimiento por una infracción muy grave, tras acreditarse la comercialización del inmueble sin título habilitante.
La Policía Local de Santa Eulària des Riu, junto al servicio de inspección turística del Consell d’Eivissa, ha procedido al precinto de una vivienda situada en la villa del Río que se destinaba al alquiler turístico ilegal. La medida cautelar se adopta después de que las actuaciones desarrolladas permitieran documentar, durante 2025, la comercialización del inmueble como alojamiento turístico sin disponer del correspondiente título habilitante.
A raíz de estas actuaciones se ha incoado, en virtud de los artículos 116.4 y 117 de la Ley de Turismo de las Illes Balears, un procedimiento sancionador en materia turística por unos hechos que han sido tipificados como infracción muy grave. El expediente se dirige contra las diferentes personas que, de acuerdo con la documentación recabada, estaban vinculadas a la comercialización de la vivienda. Entre ellas figuran la persona que comercializaba el inmueble, el anfitrión que había publicado el anuncio en la plataforma especializada en alquiler vacacional y las personas que tenían arrendada la vivienda y que, a su vez, participaban en su comercialización. El procedimiento también se ha incoado contra los dos propietarios del inmueble.
Las actuaciones llevadas a cabo permitieron acreditar un cambio de uso de residencial a turístico mediante el alquiler de la vivienda a través de un portal especializado en viviendas de uso turístico, sin contar con el título habilitante exigido para desarrollar esta actividad. Los hechos suponen la infracción de los artículos 19A, 21, 23, 26.2, 28 y 53.2 de la Ley 8/2012, de Turismo de las Illes Balears.
Como consecuencia del procedimiento, el Consell Insular d’Eivissa, administración competente para imponer la sanción en materia de alquiler turístico ilegal, ha establecido una sanción de 275.001 euros. Paralelamente, se ha adoptado como medida cautelar el precinto del inmueble para impedir que continúe desarrollándose en él una actividad turística no autorizada.
